La desinformación por parte de la Fiscalía General de la República en el caso de Emilio Lozoya dejó mal parados al propio presidente Andrés Manuel López Obrador y al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, quienes el viernes 17 no supieron explicar por qué el detenido no pisó el Reclusorio Norte y sí, en cambio, fue a dar a un hospital. Después de horas de incertidumbre se desconoce qué negoció la defensa del exdirector de Pemex; se especula incluso que quizá el testigo colaborador no llegue al penal si se valida el “criterio de oportunidad” al que se acogió.

Con esta cooperación Lozoya busca volverse, en el mejor de los escenarios para él, un testigo colaborador de la FGR y con ello que se le retiren los cargos. Es un recurso denominado técnicamente criterio de oportunidad. Pero a cambio el exfuncionario debe aportar elementos que permitan proceder en contra de otras personas de mayor jerarquía o que hayan cometido delitos mas graves.

Documentos asentados en al menos una de las carpetas de investigación por las que se procedió en contra de Lozoya, y de los que Animal Político tiene copia, identifican la participación directa o indirecta de servidores públicos de al menos cuatro dependencias en inversiones que de acuerdo con la FGR y con la actual administración de Pemex fueron fraudulentas.

Cabe recordar que la Fiscalía hasta ahora solo ha acusado a Lozoya de haber recibido sobornos para inversiones irregulares en casos como Altos hornos, Fertinal y Odebrecht, pero mantiene las carpetas de investigación abiertas por esos mismos casos y por otros, a la espera de proceder en contra de otros probables responsables.

De acuerdo con la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019, durante el sexenio pasado PEMEX adquirió de las empresas Altos Hornos de México y Fertinal SA de CV plantas industriales y de fertilizantes que estaban en malas condiciones y con una baja producción, y por las cuales se pagaron cantidades muy superiores a su valor real.

Para promover estas inversiones Lozoya habría recibido sobornos de las empresas implicadas. Sin embargo, las denuncias del área jurídica de PEMEX y de la UIF advierten que la autorización de dichas inversiones incluyó la participación de funcionarios de al menos cuatro secretarías (Hacienda, Energía, Economía y Medio Ambiente) que formaban parte de los consejos administrativos de Pemex.

En el caso de la inversión para la compra de la planta Agronitrogenados a Altos Hornos, el proyecto fue presentado y aprobado en la sesión del Consejo de Administración de Pemex realizada en diciembre de 2013 y asentada en el acta 865, y en la que participaron por parte de la Secretaría de Energía (SENER) su titular Pedro Joaquín Coldwell, y los subsecretarios de Hidrocarburos y Planeación, Enrique Ochoa Reza y Leonardo Fabio Beltrán Rodríguez, respectivamente.

Por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)  participó el subsecretario de Ingresos, Miguel Mesmacher Linartas; y por parte de la Secretaría de Economía el subsecretario de Industria y Comercio, José Rogelio Garza Garza.

En tanto, para dar luz verde al proyecto de la planta de fertilizantes propiedad de la empresa Fertinal, se llevó a cabo en octubre de 2015 la sesión del Consejo de Administración de Pemex número 900. Por la SENER repitió Coldwell al que se sumó María de Lourdes Melgar Palacios, quien en ese momento ya era la subsecretaria de Hidrocarburos.

 

 

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