El motín que tuvo lugar en una prisión de Chihuahua, cerca de la frontera con Estados Unidos, puso al descubierto las debilidades y la corrupción que imperan en muchas prisiones de México, donde se trafica con drogas y armas y donde los reclusos tienen el control de las instalaciones.
Las investigaciones sobre los sangrientos sucesos del 1 de enero en el Centro de Readaptación Social (Cereso) número 3 de Ciudad Juárez han arrojado unos primeros resultados desconcertantes. En ese penal operaba un «autogobierno» de delincuentes que gozaban de privilegios como celdas VIP, donde tenían televisión, teléfonos celulares, camas confortables, armas largas y cortas, drogas diversas y hasta una caja fuerte donde guardaban millones de pesos mexicanos.
Las autoridades del estado de Chihuahua admitieron que desconocían las condiciones irregulares en ese penal, pero Néstor Manuel Armendáriz dijo a The Associated Pressque desde 2020 su dependencia advirtió sobre el «autogobierno» que existía dentro del Cereso 3, así como el comercio informal de alimentos que realizaban algunos internos.
48 horas después de ocurridos los hechos violentos Alejandro Alvarado Téllez fue destituido de su cargo como director y 191 internos fueron trasladados vía aérea a otros penales federales mientras se investiga quiénes son los responsables de «la entrada de objetos prohibidos».
