(FILES) Salvadoran President Nayib Bukele delivers his annual address to the nation marking his fourth year in office at the San Salvador Legislative Assembly on June 1, 2023. El Salvador's Nuevas Ideas (NI) party announced on June 26, 2023, that its leader, Nayib Bukele, has registered as a pre-candidate for the Presidency of the Republic to seek re-election in the 2024 elections, an option enabled by the justice system despite the fact that in theory the Constitution prohibits it. (Photo by MARVIN RECINOS / AFP)

Más de ocho mil efectivos de la Fuerza Armada y la policía de El Salvador cercan un departamento en busca de pandilleros responsables de un reciente ataque a una patrulla de seguridad.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha ordenado un nuevo cerco militar en la zona central del país, específicamente en el departamento de Cabañas, con el objetivo de buscar a pandilleros que atacaron a una patrulla de las fuerzas de seguridad el pasado fin de semana, resultando en dos policías heridos de bala.

El operativo de seguridad ha movilizado a más de siete mil soldados y mil policías, quienes han cercado completamente el departamento de Cabañas para evitar la salida de pandilleros y cortar las líneas de suministro de los grupos terroristas. Según el presidente Bukele, esta área se ha convertido en un refugio para células terroristas que buscan ocultarse en zonas rurales.

Este es el quinto cerco militar implementado por el gobierno salvadoreño como parte de su estrategia de mano dura contra las estructuras criminales. Desde marzo del año pasado, el país se encuentra en estado de excepción, lo que ha generado críticas de organismos de derechos humanos debido a la suspensión de derechos fundamentales. Sin embargo, el alto nivel de popularidad del presidente Bukele se mantiene en gran parte debido a la percepción de que ha disminuido la violencia y controlado la delincuencia.

El presidente Bukele ha advertido que el cerco se mantendrá hasta que todos los pandilleros sean capturados. La reforma reciente aprobada por el Congreso permitirá procesar en grupo a los pandilleros capturados bajo régimen de excepción y aumentar las penas de cárcel para los cabecillas de las pandillas.