Se ha presentado una queja ante la Comisión para la Cooperación Ambiental, alegando que México no está haciendo cumplir sus leyes ambientales en lo que respecta a la producción de aguacate en Michoacán.
El escrito afirma que se han talado hasta 280.000 hectáreas (medio millón de acres) de tierras forestales para cultivar aguacate y que este crecimiento ha tenido un impacto negativo en los ecosistemas locales y en la calidad del agua.
Los activistas de Villa Madero afirman que ven con regularidad franjas de bosques talados y estanques de riego excavados ilegalmente por madereros que establecen huertos no autorizados que requieren más agua que los pinos autóctonos.
Al menos dos ecologistas se han enfrentado a secuestros, amenazas y palizas tras quejarse de la deforestación, mientras que 54 fueron asesinados sólo el año pasado, según la ONG Global Witness.
Los productores de aguacate también se enfrentan a amenazas de los cárteles de la droga debido a los intentos de extorsión mientras que los inspectores estadounidenses se enfrentaron al peligro al rechazar los envíos el año pasado antes de que ambas naciones acordaran medidas de seguridad para las inspecciones que se reanudaron poco después.
