Cruzeirinho quedó casi desierto: solo cinco de las 32 de las familias de esta aldea de cabañas de madera de la Amazonía brasileña permanecen allí. Las demás huyeron a la selva, para protegerse de la pandemia de coronavirus.

A una semana de lancha de Cruzeirinho, los habitantes de la reserva indígena Umariaçu, cerca de la triple frontera con Perú y Colombia, optaron por una estrategia diferente frente a la pandemia: se encerraron. «Atención: Tierra Indígena Umariaçu. Cerrada por 15 días», dice un letrero pintado a mano a la entrada de la reserva de 5.000 hectáreas.

La covid-19 ha puesto en guardia a las comunidades indígenas, de unos 900.000 miembros (0,42% de la población), históricamente vulnerables a enfermedades importadas.

Con 210 millones de habitantes, Brasil es el segundo país (detrás de Estados unidos) con más casos y decesos por covid-19: más de 1,1 millones de infectados y cerca de 52.000 óbitos.

Entre los pueblos originarios, más de 7.700 indígenas han sido contagiados y casi 350 han fallecido, según datos de la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), que acusa al gobierno del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro de «no hacer nada» para proteger a estas comunidades. Muchas de ellas decidieron tomar sus propias medidas.

En la reserva de Umariaçu, los ticunas prohibieron el ingreso de forasteros y bloquearon la entrada a su comunidad, ubicada a las afueras de Tabatinga, ciudad fronteriza con Colombia.

La decisión fue tan difícil como necesaria para los 7.000 pobladores de la reserva, explica el cacique Sildonei Mendes da Silva.