El reciente despliegue de los militares chilenos en el sur de Chile ha sido un tema muy esperado y debatido. A los dos meses de su mandato, el presidente Gabriell Boric aprobó finalmente una legislación que le permitirá utilizar la fuerza contra las comunidades indígenas que se nieguen a reunirse pacíficamente o a retirarse de sus reivindicaciones territoriales sin consecuencias legales; esto se hizo mediante decretos emitidos la semana pasada que nombran a ciertas regiones como estados «limitados» con circunstancias excepcionales donde antes no existía realmente tal cosa.