CIUDAD DE MÉXICO, 25JULIO2023.- Carlos Martín Beristain, y Ángela María Buitrago, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ofrecieron el último informe sobre los hallazgos, avances, obstáculos y pendientes sobre el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH abandona México tras señalar obstáculos a su investigación en el caso Ayotzinapa.


El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cerró su trabajo en México después de ocho años de investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Carlos Beristain y Ángela Buitrago, los dos únicos integrantes restantes del GIEI, denunciaron obstáculos en sus pesquisas y presentaron un nuevo informe que expone las mentiras y ocultamientos de datos por parte de las Fuerzas Armadas.

A pesar de sus esfuerzos, el GIEI no pudo aclarar cuál fue el destino de los estudiantes desaparecidos. Según el informe presentado, se ofrecen nuevas pruebas sobre la participación del Ejército y la Marina en la desaparición, incluyendo la realización de operativos clandestinos y posibles ejecuciones extrajudiciales. Los expertos confían en que estos datos tengan consecuencias legales en la investigación.

Carlos Beristain lamentó que el ocultamiento y la negación de evidencias por parte de las autoridades impidan llegar a la verdad y teme que la mentira se institucionalice como respuesta. A pesar del compromiso presidencial para esclarecer el caso, los obstáculos han dificultado el avance en la investigación.

El informe del GIEI señala que todas las corporaciones del Estado tuvieron participación en la desaparición de los jóvenes, y denuncia altas instancias del Estado vinculadas al crimen organizado. El presidente Andrés Manuel López Obrador había buscado dar un nuevo rumbo a la investigación, pero los constantes bloqueos y la falta de respuestas perpetúan la impunidad y afectan a las víctimas del caso Ayotzinapa.