La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, defendió la reciente reducción de un beneficio fiscal dirigido a las empresas de autotransporte de carga, en el contexto del paro de transportistas que se ha llevado a cabo en la Ciudad de México.
El ajuste fiscal, según Sheinbaum, solo impactará a un total de 170 empresas. Esta decisión ha generado controversia, ya que los transportistas alegan que la medida afectará su operación y sostenibilidad.
El paro, que comenzó a generar repercusiones en el transporte público y en la logística de mercancías, ha puesto de manifiesto la tensión entre el gobierno y el sector del autotransporte. La mandataria enfatizó que la acción es parte de una estrategia más amplia para la fiscalización y regulación del sector.
Este ajuste es relevante no solo por su impacto inmediato en el transporte, sino por las posibles repercusiones económicas en la cadena de suministros de la ciudad. La administración busca priorizar un mayor control fiscal sobre el sector, lo que podría influir en futuros acuerdos con los transportistas.
El conflicto actual entre el gobierno y los transportistas podría tener un efecto prolongado en la movilidad y el comercio en la capital, a medida que ambas partes buscan una solución que estabilice la situación.
