El gobierno de Baja California ha otorgado contratos por sumas millonarias a empresas vinculadas a Grupo Marsan, cuyo propietario, Marco Moreno, ha sido sancionado por autoridades de Estados Unidos.
Este hecho se hizo público el 2 de octubre de 2026, generando preocupación entre la ciudadanía sobre la transparencia de los procesos de contratación en la administración estatal.
Los contratos en cuestión han sido asignados a varias empresas que operan bajo el grupo mencionado, lo que plantea interrogantes sobre la legalidad y ética de tales decisiones por parte del gobierno local.
La relevancia de esta situación radica en la posible implicación de estas acciones en la percepción pública del gobierno de Baja California, especialmente en un contexto donde la confianza en las instituciones es fundamental.
Además, este tipo de decisiones puede tener repercusiones en la relación del estado con entidades federales, dado que involucra a un empresario sancionado por un país aliado.
La situación ha suscitado un debate en la sociedad sobre la necesidad de mayor regulación y supervisión en la asignación de contratos públicos, especialmente en casos donde hay antecedentes de sanciones internacionales.
