En el 2021, el presidente de México comisionó a la Unidad de Inteligencia Financiera para que investigara el fraude detrás del conflicto que ha impedido a la Universidad de las Américas en Puebla realizar actividades en el campus. Desde entonces, más de 10 mil estudiantes y 2 mil académicos se quejan de la interrupción de las instalaciones de enseñanza cerradas por la fuerza de seguridad privada.
El titular de la UIF, Santiago Nieto presentó su investigación sobre la forma en que los funcionarios de alto nivel manejaron la bola curva. Tengo en mi poder un documento con las conclusiones. Hay varios argumentos que sobresalen; potencialmente violaron la ley de responsabilidades administrativas ya que presumiblemente incurrieron en conflicto de interés.
El Subprocurador Juan Ramos presentó en 2007 una denuncia ante la PGJDF acusando al patronato de la UDLAP por el uso y la apropiación fraudulenta del nombre de la Universidad de las Américas. En la fecha referida Alejandro Gertz Manero era rector de la UDLAP CDMX. Las pretensiones de Ramos no prosperaron, ya que la UDLAP habría sido fundada antes de su homónima de la capital mexicana, la cual es propiedad de la familia Gertz. En marzo de 2018, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) negó a Ramos la titularidad del uso del nombre y el logo en disputa.
Ramos volvió a actuar contra la UDLAP, lo que de acuerdo con la legislación mexicana presumiría un conflicto de intereses. La investigación detectó otra irregularidad aún más grave: Ramos ordenó la reapertura de un expediente cerrado desde mayo de 2018 sin importar la instrucción que le correspondía al juez de control federal; es decir, como subprocurador usurpó una responsabilidad exclusiva delegada en la autoridad judicial.
El documento de la UIF afirma que, al actuar de esta manera, Ramos López violó un importante principio de seguridad jurídica respecto a un asunto ya resuelto. El informe de la UIF concluye que no hay indicios de que se hayan cometido delitos ni contra la FMSJ ni contra los miembros de su junta directiva, así como no hay pruebas de que hubiera desvío de recursos. No hay delitos a perseguir.
El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador tiene información sobre las arbitrariedades cometidas por la Procuraduría General de la República contra la UDLAP desde octubre del año pasado. A pesar de este conocimiento y la su defensa de que Gertz es un funcionario incapaz de fabricar delitos, aún lo apoyó en la corte donde actualmente se encuentran bajo escrutinio
Mientras estos casos se desarrollan a nivel de la Corte Suprema (donde ya se examina), la comunidad UDLAP no podrá volver a sus actividades normales.
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