Esta información es importante a nivel mundial y es que una sentencia de un juez civil ha despertado los peores fantasmas sobre la vulnerabilidad de la libertad de expresión en México. El periodista y académico Sergio Aguayo ha sido condenado este martes a pagar 10 millones de pesos (medio millón de dólares) a Humberto Moreira por daño moral, con motivo de una columna donde denunciaba la corrupción del exgobernador de Coahuila y expresidente del PRI tras ser detenido en España en 2016.

La defensa del académico, con 49 años de trayectoria, había logrado la absolución en primera instancia,  ya que la defensa de Aguayo sostiene que hay “indicios de corrupción” en la decisión del magistrado.

Fue el pasado 20 de enero de 2016 cuando se publicó en el diario mexicano Reforma el texto en el que Aguayo denunciaba la pasividad de las autoridades mexicanas ante el combate a la impunidad y la corrupción en el caso del exgobernador de Coahuila.

Tres días antes, Moreira había sido detenido en Madrid por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y cohecho, un mes después, fue puesto en libertad. El periodista señalaba en su columna: «Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana».

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La defensa de Aguayo, que ya ha depositado 450.000 pesos (24.000 dólares) como garantía para evitar el embargo de su patrimonio, considera que el texto periodístico está cubierto por la legislación actual mexicana, ya que acababa de dictarse el auto judicial que imputaba a Moreira los delitos de corrupción. “Se cumplió con la labor de cercioramiento que exige la ley”, explica el abogado Héctor Beristain, que augura un proceso largo que llegará hasta la Suprema Corte de Justicia.

“En los últimos 15 años el máximo tribunal mexicano se ha pronunciado a favor de la libertad de expresión e imprenta en casos de conflicto con el derecho al honor. El juez en esta ocasión se aparta de los parámetros nacionales e internacionales. Es ridículo”.