El Gobierno del Estado de México ha realizado la adquisición de un software destinado al espionaje a telefonía celular, redes de contactos y datos geográficos, con una inversión de 11 millones de pesos.
Esta compra se enmarca dentro de las acciones del gobierno morenista, que busca fortalecer sus capacidades de vigilancia y control en el estado.
La adquisición se hizo pública el 23 de octubre de 2026, generando preocupación sobre las implicaciones en materia de privacidad y derechos humanos de los ciudadanos.
Este tipo de tecnología ha sido objeto de controversia en diversas partes del mundo, donde se debate su uso por parte de gobiernos para fines de seguridad pública versus el riesgo de abusos.
La relevancia de este hecho radica en las posibles repercusiones que puede tener sobre la confianza de los ciudadanos en las instituciones y la transparencia del gobierno estatal.
